Muchos de ustedes probablemente conocen, aunque vagamente, una pieza de legislación pendiente en el Congreso incómodamente titulada "Sobre los medios para prohibir y prevenir la importación, exportación y transferencia ilícitas de propiedad de bienes culturales" que está diseñada para implementar la convención de la Unesco. Pocos arqueólogos han prestado mucha atención o apoyo activo al proyecto de ley, quizás porque a primera vista no parecería ser un proyecto controvertido que necesitara apoyo. Después de todo, ¿quién apoya el concepto de comercio ilícito? De hecho, el Senado de los EE. UU. dio su consejo y consentimiento unánimes a la Convención en agosto de 1972. ¿Por qué, entonces, ocho años después de la votación del Senado, todavía no aceptamos ninguna legislación de implementación que dé mordisco a la votación?