Desde la Constitución Federal de 1988, en particular en el artículo 231, Brasil dispone de un conjunto de leyes y normas infra-constitucionales que aseguran a los pueblos indígenas derechos colectivos diferenciados a la tierra, la salud, la educación, la justicia, el desarrollo, etc. El reconocimiento, en las últimas décadas, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los textos constitucionales latinoamericanos es una conquista de los movimientos sociales e indígenas que tienden a la consolidación de sociedades democráticas plurales, en done sus formas de vida no sean vistas como amenazas a la integridad nacional.